El Ecuador posee avances importantes en participación ciudadana y transparencia gubernamental por medios electrónicos, muestra de esto se ve reflejado en las evaluaciones realizadas por organismos internacionales y locales (ver figura 3).

Para el año 2018, la Organización de la Naciones Unidas emitió los resultados del índice de participación electrónica EPI, colocando a Ecuador sobre la media mundial y regional, puesto 81 de 193 países, con un índice de 0,67, mostrando un avance respecto al 2016, donde se obtuvo un puntaje de 0,58; este índice muestra el avance en tres criterios: el primero, las facilidades de acceso a información que entrega el gobierno a los ciudadanos, en la cual obtuvo una puntuación de 70% , el segundo, relacionado con el involucramiento de los ciudadanos en la contribución y deliberación sobre política pública y servicios, obteniendo en este criterio una puntuación de 78,3% y finalmente la co-participación ciudadana  en el diseño en conjunto de políticas y servicios, con una puntuación de 54,6%.

Para esto el gobierno ecuatoriano ha trabajado en varias iniciativas de creación de política pública y mejoramiento de servicios con la participación de la ciudadanía, entre las que destacan, el actual Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021; el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos; y la simplificación de trámites mediante propuestas ciudadanas a través de la plataforma Tramiton.to.

También ha implementado medios digitales que permiten la  interacción ciudadana con el Estado, como Contacto Ciudadano, sistema desplegado en 104 instituciones del Ejecutivo y que en el periodo 2016 al 2018 ha gestionado alrededor de 41 mil casos con relación a preguntas, quejas, solicitudes, sugerencias y felicitaciones; el Sistema de Gestión Documental Quipux con 2,78 millones de usuarios registrados que ha facilitado las comunicaciones oficiales con el Gobierno Central; y redes sociales oficiales, habilitadas en todas las instituciones del Ejecutivo.

Respecto a la transparencia con relación a la publicación de información para la ciudadanía, según informe emitido por Defensoría del Pueblo, más del 97% de instituciones que conforman el poder Ejecutivo, publican su gestión a través de los portales web institucionales, en cumplimiento al artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP.

Entorno a la liberación de datos abiertos para uso de la ciudadanía,  los resultados obtenidos en dos instancias nos dan una visión clara de la situación actual, la  primera es el Open Data Barometer del año 2016 donde calificó a Ecuador con un puntaje de 22, siendo un retroceso respecto al 2014 donde obtuvo el puesto 35, según este informe esto se debe a la falta de espacios que fomenten la explotación de los datos en la ciudadanía que generen resultados en torno a lo social, político y económico, así como las barreras que encuentra el ciudadano al buscar datos públicos, ya que en su mayoría no están en formatos abiertos, son de difícil acceso, requieren permisos, o no son procesables por computador. Por otro lado, está el Open Data Inventory (ODIN) organismo que evalúa la cobertura y apertura de las estadísticas oficiales mediante datos abiertos, en el índice del 2016, Ecuador ocupó el puesto 31 de 173 países, siendo el líder en América del Sur, con un puntaje de 56.

Este aumento progresivo que ha tenido el Estado en la publicación de información por medios electrónicos hace necesario continuar con el fortalecimiento de la seguridad de la información y sobre todo garantizar que estas acciones no vulneren derechos ciudadanos, la Constitución del Ecuador 2008, estableció como derecho la protección de datos personales, sin embargo, actualmente no existe una norma legal que articule el cumplimiento de esta.

En función del análisis del avance que ha tenido esta temática en los últimos años se han encontrado las siguientes oportunidades de mejora para poder alcanzar los objetivos del PNDE 2017-2018 Eje 3 objetivo 7, Política 7.1 y mejorar el índice de gobierno electrónico:

• Aumentar la democracia participativa en el país es un gran reto para el Estado, si bien los resultados de Naciones Unidas y los sistemas implementados por el gobierno muestran avances en esta temática, aún sigue siendo una práctica poco común de las instituciones de la APC aprovechar estas herramientas digitales para la generación de política pública o mejora de servicios.

• Los datos son parte el motor de la economía digital y la transparencia gubernamental, las instituciones de la APC son un actor clave en esta temática al liberar información por medio de sus sitios web, sin embargo, hay inconvenientes en su acceso y reutilización, así también desconocimiento por parte de la ciudadanía respecto al beneficio económico e impacto social y político que puede generar su explotación.

• La inexistencia de un instrumento normativo que permita articular el derecho constitucional a la protección de datos personales reduce la confianza del ciudadano en el uso de sistemas por internet, siendo esto una limitante para la participación electrónica, así como la liberación de datos por parte de las instituciones.

La evolución constante que ha tenido Ecuador con relación a las facilidades que tiene el ciudadano para acceder a información y trámites en línea, se refleja en el resultado obtenido en la última medición realizada por Naciones Unidas al 2018, donde Ecuador alcanzó un puntaje de 0,73 en el subíndice de servicios en línea (OSI), mostrando un avance respecto al 2016, donde se obtuvo un puntaje de 0,63 (ver figura 4).

Para esto el gobierno nacional ha impulsado la implementación de servicios en línea, es así como al 2018, 130 instituciones que conforman el gobierno central cuentan con portal web y redes sociales oficiales; el 80% de entidades poseen portal web con características de accesibilidad. El 9% de instituciones de la APC tienen aplicaciones móviles que permitan realizar trámites ciudadanos.

Estos resultados también se reflejan en un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2018 sobre los trámites ciudadanos, burocracia y gobierno digital para América Latina y el Caribe (ALC), donde se señala que los países de Latinoamérica poseen un promedio de 2577 trámites, para el caso de Ecuador existen alrededor de 4679 trámites de los cuales el 21,4% de se puede empezar en línea y solo 11% se pueden completar en línea.  (ver figura 5).

Sin embargo, el informe del BID también señala que en promedio solo 7,4% de latinoamericanos hicieron su último trámite en línea, en donde Ecuador tiene un promedio del 6%, entre los factores más comunes de este fenómeno en ALC están: la reducida oferta de trámites en línea, acceso a internet, alfabetización digital, reducida bancarización, mala experiencia de los ciudadanos al usar servicios en línea y finalmente la preferencia de los ciudadanos por el canal presencial. (ver figura 6).

También menciona que el uso de los canales digitales en ALC no está distribuida de forma igualitaria, existe una relación directa con el nivel socioeconómico y de educación.

En relación con la experiencia de los ciudadanos con los trámites en línea, el INEC  para el periodo 2014-2016 como parte de la Encuesta ENEMDU, realizó la medición de percepción ciudadana respecto a la calidad de los servicios públicos en general,  donde  para el año 2016 se obtuvo como resultado un índice de 6.55 sobre 10,  sin embargo este resultado no hace distinción de la calidad de los servicios para  canales digitales y tampoco existen otros instrumentos que permitan evaluar la calidad de los servicios electrónicos.

La creciente presencia web del gobierno a través de internet ha vuelto más vulnerable la gestión del Estado, y es aquí donde la Ciberseguridad juega un papel importante para reducir los riesgos concernientes a internet y sobre todo aumentar la confianza de los ciudadanos en el uso de los servicios en línea, en el año 2017, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) público el Índice Global de Seguridad Cibernética (GCI), el cual mide el compromiso de los 193 estados miembros con la seguridad cibernética, este informe GCI calificó al país con un índice de 0,47,  ubicándolo en el puesto 66, de 193 países. (ver figura 7).

Dentro de las iniciativas relevantes que ha implementado el gobierno entorno a la ciberseguridad se encuentran: la implementación y gestión del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI), la cual fue promovido mediante Acuerdo Ministerial No. 166 suscrito el 19 de septiembre de 2013. En la más reciente evaluación de cumplimiento se tiene que 116 instituciones de la APC implementaron el EGSI, el Centro de Respuesta ante Incidentes Informáticos (ECUCERT), gestionado por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y la inclusión de delitos informáticos en el Código Orgánico Integral Penal.

En función del análisis del avance que ha tenido esta temática en los últimos años se han encontrado las siguientes oportunidades de mejora para poder alcanzar los objetivos del PNDE 2017-2018 Eje 3 objetivo 7, Política 7.6 y 7.7 y mejorar el índice de gobierno electrónico:

• Existe un 20% de portales institucionales del Estado que no poseen características de accesibilidad web lo que representa una barrera de acceso para las personas con discapacidad.

• Si bien en Ecuador existen 8,1 millones cuentas de internet móvil, encontramos una reducida oferta de información y trámites que pueden ser accedido por este tipo de canal, únicamente el 9% de instituciones de la APC disponen de aplicaciones móviles.

• Existe un 20% de portales de las instituciones que no están homologados dificultando la interacción y experiencia del ciudadano con el Estado a través de internet.

• Todas instituciones del gobierno cuentan con portal web de manera individual y un 80% se encuentran homologados, sin embargo, la descentralización de la información relacionada con los trámites y su forma de comunicación genera una experiencia poco amigable al usuario.

• A pesar del potencial que tienen los trámites en línea respecto a reducir tiempo, costos y limitar la corrupción, solo el 21,4% de trámites del gobierno central se puede empezar en línea y 11% se pueden completar en línea.

• Según lo señalado por BID, la realización de trámites en línea por parte de los ciudadanos en ALC tiene correlación directa con el nivel de ingresos y de educación, esto hace que no todos puedan acceder a los beneficios que presta el Estado, agravando las desigualdades sociales.

• Tanto en la región como en Ecuador existe una baja demanda por parte de los ciudadanos para realizar trámites por canales digitales, siendo este alrededor del 7%, entre las causas están la falta de oferta de los servicios y la mala experiencia de los usuarios con los trámites en línea, la cual actualmente no está siendo evaluada.

• Varias iniciativas se han implementado en la administración pública respecto a temas de seguridad de la información como el Esquemas de Seguridad del Información, EcuCERT y la inclusión de delitos informáticos en el Código Orgánico Penal; sin embargo, no existe una estrategia coordinada de Ciberseguridad.

Existe un importante desarrollo del servicio público en Ecuador y un elemento clave para que suceda esta transformación ha sido la interoperabilidad, actualmente 112 instituciones del gobierno central utilizan datos que poseen otras instituciones para brindar servicios a los ciudadanos, lo cual ha permitido reducir requisitos tanto en trámites en línea como presenciales, este intercambio de datos también ha traspasado a gobiernos seccionales, actualmente 65 GAD Municipales también son beneficiarios de estos servicios, por medio del sistema Ficha Simplificada con lo cual se ha eliminado la solicitud de copias de cédula de identidad y papeleta de votación a los ciudadanos.

Un elemento clave para mejorar la eficiencia de las instituciones es la firma electrónica, la cual está generando un impacto económico y ambiental al país, al año 2018 existen 12,5 mil funcionarios que usan firma electrónica para emitir comunicaciones oficiales por medio del Sistema de Gestión Documental Quipux, firmando alrededor de 4,2 millones de documentos, generando un ahorro de 1,9 millones de dólares por costos asociados a la impresión de documentos; de igual manera esto se refleja en la facturación electrónica que es liderada por el Servicios de Rentas Internas, actualmente existen alrededor de  4 mil usuarios de este servicio, los cuales han emitido 4792 millones de facturas firmadas electrónicamente, salvando con esto también 568 mil árboles. y en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador existen 26.000 usuarios con firma electrónica.

Continuar con la digitalización de las entidades públicas es primordial para la eficiencia del sector; actualmente, hacen uso de herramientas de ofimática, correo electrónico, compran a través del portal de contratación pública (SOCE), realizan pagos por medio del sistema financiero estatal (ESIGEF), usan el sistema de gestión documental (Quipux), poseen infraestructura y personal para la gestión tecnológica, entre otros. Si bien existen estos avances, continúa la impresión en papel, no existe una estandarización de formatos y medios para el intercambio documental entre las funciones del Estado.

Desde el 2016, se implementó el centro de datos y red gubernamental gestionados por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT E.P.), con el fin de mejorar la disponibilidad, seguridad y costos de operación de los servicios electrónicos gubernamentales; al 2018 las tarifas se redujeron, dependiendo del tipo de servicio entre un 11% y 49% con relación al 2016; sin embargo, solo el 23% de instituciones de la Función Ejecutiva migró al centro de datos. El incremento de instituciones que accedan a este servicio permitirá reducir costos en el futuro. (ver figura 8)

Sin embargo, el informe del BID también señala que en promedio solo 7,4% de latinoamericanos hicieron su último trámite en línea, en donde Ecuador tiene un promedio del 6%, entre los factores más comunes de este fenómeno en ALC están: la reducida oferta de trámites en línea, acceso a internet, alfabetización digital, reducida bancarización, mala experiencia de los ciudadanos al usar servicios en línea y finalmente la preferencia de los ciudadanos por el canal presencial. (ver figura 6).

La adopción de las TIC en los procesos de las instituciones públicas ha sido secuencial en el tiempo y de manera desarticulada, generando una diversidad de formas de registro de datos, con diferentes herramientas para analizarlos. Al 2017, 42% de instituciones de la Función Ejecutiva poseían diferentes herramientas para el análisis de datos, por lo que es necesario implantar un modelo estándar que facilite la explotación de estos.

La sostenibilidad de los servicios electrónicos que presta la APC depende fundamentalmente su capital humano, la rotación de personal y la falta de una base de conocimiento centralizado en el Estado, son factores importantes que considerar.

Como política de Estado se promueve el uso de software libre, mediante Decreto Ejecutivo No. 1014, suscrito en el 2008, y con la emisión del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESCCI) en el 2016. Según los resultados de una encuesta realizada por el MINTEL, en el 2017, el uso de software libre en las instituciones de la Función Ejecutiva, para brindar servicios al ciudadano, fue del 64%; mientras que, para la gestión administrativa (software de escritorio) su uso se reduce al 43%. (ver figura 9)

En función del análisis del avance que ha tenido esta temática en los últimos años se han encontrado las siguientes oportunidades de mejora para alcanzar los objetivos del PNDE 2017-2018 Eje 3 objetivo 7, Política 7.5 y 7.6 y mejorar el índice de gobierno electrónico:

• Alrededor de 65 GAD Municipales usan información que reside en bases de datos de otras instituciones del Ejecutivo para la prestación de servicios a la ciudadanía, sin embargo, aún existen una gran cantidad de instituciones de los gobiernos seccionales que aún no poseen estos servicios por lo que continúan solicitando a los ciudadanos copias de documentos como cédula de identidad y papeleta de votación para los diferentes trámites.

• En el último año 12 mil funcionarios dejaron de imprimir 4.2 millones de comunicaciones oficiales por medio del uso de firma electrónica en el sistema documental Quipux esto generó un ahorro de 1.9 millones en temas de impresión, sin embargo, aún es posible masificar su uso en otro tipo de documentación y sistemas que permitan una verdadera transformación digital de las entidades.

• Si bien el 64% de las instituciones usan software de código abierto para desarrollar los servicios electrónicos a la ciudadanía, no existe una cultura y tampoco los medios normativos que permitan acelerar la reutilización de este tipo de software y reducir el gasto público.

• El Centro de Datos y Red Gubernamental fue impulsada con el fin de mejorar la disponibilidad, seguridad y costos de operación de los servicios electrónicos gubernamentales, pero solo el 23% de instituciones del Ejecutivo lo usan.

• La gestión de los servicios electrónicos del Estado es dependiente del conocimiento de los funcionarios que lo gestionan, la rotación de estos es un factor que afecta su operación y disponibilidad, en ese sentido es imperante buscar una solución que gestione de manera independiente de las personas la información y conocimiento que se encuentra alrededor de los sistemas del Estado.

• Tanto el Ejecutivo como otras Funciones del Estado usan medios electrónicos para su gestión documental interna, sin embargo, al momento de intercambiar documentación oficial entre estas se continúa realizando por medios físicos, generando costos y retrasos en los trámites interinstitucionales. Existen dos factores involucrados: incompatibilidad documental por el no uso de documentos en formatos abiertos y segundo porque no existe interconexión entre sistemas documentales.

• Las instituciones en la búsqueda de ser más eficiente en la toma de decisiones, de manera individual han invertido en sistema de análisis de datos, sin embargo, no existe un modelo integral para la gestión de los datos en la APC, que permita establecer las bases para la explotación de datos intersectoriales.